• 15-Jun-2017
  • ACTUALIDAD JUBILADOS

El Dr. Eugenio Semino y el equipo de Gerontovida, adherimos al petitorio del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los derechos de las personas con discapacidad ante la situación de suspensión o baja de pensiones no contributivas a personas con discapacidad.

RECLAMO POR LA SUSPENSION O BAJA DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los derechos de las personas con discapacidad ante la situación de suspensión o baja de pensiones no contributivas a personas con discapacidad manifiesta y expresa que: 1. Es urgente la restitución inmediata de las pensiones no contributivas suspendidas o dadas de baja a quienes se les había reconocido el derecho a tenerlas. 2. Reconocer y poner en conocimiento que la pensión a través del Programa Incluir Salud ha sido el medio para que personas (en su gran mayoría con discapacidad) en situación socioeconómica vulnerable, encontraran respuesta sanitaria y asistencial (medicación, ayudas técnicas, prótesis, oxígeno, rehabilitación, atención especializada, educación, hogar, etc.). 3. No estamos de acuerdo con la afirmación generalizada que es injustificado el aumento de pensiones no contributivas otorgadas durante el gobierno anterior. Para entender lo sucedido hay que recordar lo vivido en nuestro país en el año 2001, constatar los datos de pobreza y las 5.000.000 personas con discapacidad según el Censo del INDEC. Esto nos daría, aplicando el porcentual de argentinos en situación de pobreza y vulnerabilidad social, al menos 1.500.000 de personas con discapacidad en concordancia con el criterio usado para el otorgamiento de las mismas. 4. La pensión no contributiva con su cobertura médico-asistencial no es ni un gasto ni una dádiva, sino un derecho, y una inversión en la vida de ciudadanos argentinos. Si el país pasa por una situación económica compleja primero está el derecho a poder tener una vida con sus necesidades esenciales cubiertas y luego gasto en cosas sin las que se puede vivir dignamente. 5. Desde la época del Dr. Carlos Menem organizaciones de y para personas con discapacidad, manifestaron la necesidad de ampliar los criterios para dar una pensión no contributiva, ya que no sólo la persona con una incapacidad laboral del 76% no iba a poder conseguir trabajo. Con la administración del gobierno anterior hubo un cambio en la mirada, se tomó como criterio la discapacidad, no sólo como problemática laboral, y también el contexto socioeconómico desfavorable en el que vivía. 6. Evaluar la pobreza en un hogar a partir de sus ingresos, sin evaluar las necesidades esenciales que tiene, es un error. Más aún cuando en dicho hogar puede haber miembros con discapacidad u otras situaciones que no pueden ser cubiertas por un sueldo que no ha tenido en cuenta dicha complejidad. La discapacidad en una familia representa un incremento considerable en las necesidades a cubrir que no pueden ser evaluados con los parámetros de la familia tipo. 7. Dejar a una persona sin el beneficio de la pensión es hacer un abandono de personas, porque este medio le ha permitido encontrar algunas respuestas a necesidades esenciales. Es ignorar que es un derecho adquirido. 8. Llamar la atención que, incluso teniendo este ingreso y la posibilidad de atención integral, las personas con discapacidad no siempre encuentran respuesta a sus requerimientos. Es necesario que el Estado a través de políticas públicas desarrolle una red que contemple los servicios que necesitan y se produzcan los cambios estructurales que respondan a lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 9. Creemos que no es justo ampararse en normativas que respondían a otras situaciones históricas, que además no resultaron eficaces, para plantear hoy incompatibilidades e irregularidades. Lo incompatible e irregular es aplicar un decreto que establece criterios restrictivos luego de una década de aplicación de otros más flexibles y en desmedro de la población. La gente pidió o se le ofreció algo desde una perspectiva y ahora se la quiere juzgar desde otro punto de vista. Esto no es responsabilidad de la gente. 10. La pobreza no es solo un indicador estadístico, es un problema de personas y familias. En este sentido el Estado nacional no puede dar la espalda a su obligación de estar con las personas que presentan graves situaciones de vulnerabilidad. 11. Toda nueva propuesta que el Estado Nacional realice debe estar de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y debe ser consultada con las mismas personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil.Esto está expresamente establecido en la Convención a la que el país adhirió mediante la Ley 26.378. 12. Entendemos que si la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales considera que hubo situaciones irregulares en el otorgamiento de pensiones, debería revisarse caso por caso, convocar a los titulares para que se notifiquen fehacientemente, darles la posibilidad de presentar su descargo y luego de ello, de no corresponder el otorgamiento, dar de baja la pensión. 13. Solicitamos la derogación del Decreto 432/97 teniendo en cuenta que el mismo no contempla los postulados establecidos por la Convención, y la aprobación de un nuevo Decreto donde se tenga en cuenta los derechos de las personas con discapacidad allí establecidos. AIEPESA – ASAC - ATEACADIS - CAIDIS – CASAIE - CEMARID - COMISION PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES) – FEDERACIÓN CONVERGER – FENDIM – FUNDACIÓN VITRA – HODIF - OBRA DE DON ORIONE Contacto: Pablo Molero: 51831343 Eduardo Maidana: 49869172 Julieta Blayer: 57651630

 

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