• 21-May-2020
  • ARTICULOS
Aumentos a jubilados, la cadena de ahorque de nuestra historia

Eugenio Semino para Gerontovida

La historia se suele contar a partir de las grandes rupturas pero en el caso de Argentina es mejor detenerse a obsevar las continuidades. En 2017 todos los medios del país y también varios internacionales mostraron las imágenes de la violencia desatada por el intento del gobierno de turno por modificar el sistema previsional mediante una ley en el Congreso. Se decía en ese momento que el macrismo necesitaba los fondos del sistema para direccionarlos principalmente a la provincia de Buenos Aires, blindando a la gobernadora con una batería de recursos que le permitiera consolidarse de manera definitiva en el territorio bonaerense. No fuera cosa que volviera el peronismo. La primera sesión fue abortada tras una lluvia de piedras. Y la ley se terminó aprobando en una segunda sesión gracias a un acuerdo entre macrismo y peronismo. Los jubilados vieron entonces una merma en su poder adquisitivo que se vio agravado por la crisis y el incremento de la inflación.

Dos años después volvió el peronismo a la provincia y al país. Y el flamante presidente, después de las obligatorias promesas de campaña, declaró que el cálculo según el cual correspondía pagarles a los jubilados establecido por la Ley de Movilidad arrojaba una cifra impagable. Se declaró la emergencia económica y la ley, que ya había sido perjudicial para los jubilados y jubiladas, fue suspendida para ser reemplazada por algo peor: aumentos decididos por decreto, de manera discrecional por el poder Ejecutivo. No hubo esta vez lluvia de piedras. El primer decreto implicaba un achatamiento evidente de la pirámide, dando una miseria más a los de la mínima y reduciendo la parte correspondiente al resto de la escala, en relación a lo que les hubirera correspondido con la ley suspendida. El segundo decreto, anunciado en estos días, es más contundente aún. Pierden hasta los de la mínima.

Lo explicado en los párrafos anteriores es el enganche de dos eslabones de una cadena que continúa en la historia de nuestro país. Sirve para mostrar el funcionamiento de un sistema. Más allá de tecnicismos y complejos cálculos de porcentajes, los jubilados están perdiendo siempre, condenados a reclamar la vuelta al anterior eslabón de la cadena, en el que ya habían perdido. Ante semejante escenario las discusiones sobre partidos y movimientos políticos es totalmente ociosa. La indignación fragmentada hacia uno u otro sector del arco político, que suele estar acompañada de un silencio igualmente fragmentario, a veces acomodaticio, a veces culposo, es parte del problema. Porque contribuye a ocultar la continuidad de la cadena.

Nunca los políticos argentinos dijeron tantas verdades como cuando se acusan mutuamente de perjudicar a los jubilados. Todo lo que dicen del otro es cierto, como es cierto lo que callan de sí mismos. Donde unos dicen populismo los otros reemplazan por neoliberalismo. Sin embargo la pérdida, no ya de poder adquisitivo, sino de capacidad de supervivencia de millones de jubilados y jubiladas en el país es un hecho concreto y contínuo cuya responsabilidad toca a todos los gobiernos. Es necesario ver por encima de las banderas porque cuando los recortes llegan no hay diferencias. El jubilado pierde sin importar a quién haya votado. Y sigue perdiendo mientras las calles y plazas se llenan de manifestantes a favor o en contra de tal gobierno. Y sigue perdiendo mientras esas mismas calles y plazas se vacían por la cuarentena. El jubilado pierde con o sin default. Y seguirá perdiendo cuando las nuevas generaciones dejen de serlo.

Porque lo que se está consolidando es la transformación del sistema previsional en un sistema de asistencia. La jubilación cada vez más va a ser un subsidio, desprendido de la historia laboral de la persona. Y la Anses cada vez más será una especie de gran cofre del tesoro que los diversos personajes políticos se disputarán a los golpes.

Ahora bien, lo otro que es necesario entender, y que no suele ser tenido en cuenta cuando se habla del tema, es que el problema no afecta solamente a los jubilados. Y no solamente porque potencialmente todos llegarán a ser jubilados algún día. La aniquilación económica del mal llamado “sector pasivo” no es un problema a futuro ni es un problema sectorial, sino que es un inmenso problema que hoy mismo afecta a toda la estructura económica del país.

Veámoslo con un poco de sentido común. Al excluir de toda posibilidad de consumo a varios millones de cuidadanos se pone un palo en la rueda de una economía que necesita del consumo para reactivarse. Por otra parte cada jubilado que cobra la mínima, o cualquier cifra por debajo de la línea de subsistencia, representa un problema económico para la comunidad. Es obvio que un jubilado que cobra $16.864 no está viviendo exclusivamente de su jubilación. Por lo cual, o está trabajando, y le disputa mercado laboral al más joven, o está recibiendo ayuda de la familia o de su entorno, y es una carga económica para esas personas, o se está endeudando, y resta recursos a otras estructuras, como es el típico caso de la deuda de expensas que muchas veces desfinancian a los consorcios. En general lo que se ve es una combinación de las tres modalidades.

Pero la cosa no termina ahí, porque un anciano empobrecido también termina absorviendo los recursos del sistema sanitario público, porque es obvio que no puede cubrirse una prepaga, por lo cual cada uno de sus achaques de salud, los cuales se agravan y cronifican por la falta de recursos, lo lleva al laberinto del sistema de salud pública y sus mil y un negociados.

De la misma manera que la pandemia pone en evidencia que la sociedad es un conjunto interconectado, en el que no es posible afectar a un sector sin que haya consecuencias para el resto, por lo cual la falta de inversión en salud pública termina perjudicando los intereses económicos de todos los sectores tanto públicos como privados. Cuando se analiza el lugar de los adultos mayores en la comunidad con una mirada meramente economicista, se ve que el perjuicio del sector repercute en toda la sociedad. Para tener una idea de la magnitud del problema hay que pensar que la mínima, los $16.864, la cobran aproximadamente cuatro millones de jubilados, sobre un total aproximado de seis millones. Si sumamos a todos los demás que cobran cifras por debajo del nivel de subsistencia, se obtiene un número que supera el 10% de la población del país. Más allá del cuestionamiento ético y humano, la pregunta es ¿cómo se recupera la economía de un país cuando el mismo Estado es el que condena a la probreza a un porcentaje tan grande de la población?

No se trata entonces de darle a los jubilados lo que les corresponde solamente porque es justo o por algún abstracto respeto a los mayores que muchas veces se parece a la lástima. No se trata de defender a los “abuelitos”. Se trata de construir una sociedad económicamente viable para todos los ciudadanos. Un jubilado o una jubilada con poder adquisitivo es un pilar dentro de la sociedad de consumo. Es un individuo que dispone de tiempo para aplicarlo a los más diversos proyectos, que puede ser de gran ayuda para las generaciones más jóvenes. Las sociedades desarrolladas, modernas y capitalistas tienen esto totalmente presente. Con quince o viente años de expectativa de vida después de la jubilación, el adulto mayor es un individuo activo y útil para la sociedad.

Lo contrario ya lo conocemos, es lo que venimos viendo hace décadas, el empobrecimiento de sectores cada vez más grandes de la población con su consecuente clientelización. Más eslabones en una cadena que es necesario romper antes de que nos ahorque.


 

Dejenos su comentario