• 14-Abr-2020
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Geriátricos clandestinos, la pandemia a oscuras

La difícil situación de los geriátricos durante la pandemia se agrava en los casos de los establecimientos que no están habilitados. Cómo puede actuar el Estado en un territorio que le es desconocido. Por Eugenio Semino.

El fin de semana pasado publicamos un artículo sobre la situación de los geriátricos en el contexto actual. Hablamos allí del estado de vulnerabilidad extrema en el que se encuentran ante la pandemia, tanto por el peligro que representa el contagio hacia adentro como por el riesgo que implica la transmisión de ese contagio hacia afuera. Muchas de las personas que trabajan en geriátricos viven en barrios económicamente postergados, en los que resulta difícil o imposible realizar la cuarentena de manera apropiada. Se agregaba además el riesgo de colapso por falta de personal, dado que los geriátricos que ya están funcionando con personal reducido, en el caso de tener un contagio confirmado deben reducir aún más la fuerza de trabajo.

Ahora toca agregar a ese cuadro el escenario aún más precario de los geriátricos clandestinos. Si bien no se sabe el número exacto de geriátricos de estas características que hay en el país, se estima que, solamente entre Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, hay entre 500 y 700 establecimientos, a eso se agrega una cifra desconocida esparcida generalmente en las periferias de los centros urbanos.

Desde el comienzo de la pandemia estamos viendo cómo este nuevo problema que implica la enfermedad se combina con el viejo problema que son la precariedad y la pobreza en nuestro país. Los geriátricos clandestinos son un un punto de encuentro para los dos males.

El desconocimiento que implica la clandestinidad, y que es común a muchos otros sectores de la sociedad, es el primer problema a afrontar. Las políticas públicas en Argentina carecen de la información necesaria para ser aplicadas con un razonable nivel de éxito. Muchas veces se decide a tientas o directamente a ciegas. En este caso el problema se agudiza. La clandestinidad es una barrera entre el Estado y los lugares que se encuentran en esa situación.

No es esperable que en un geriátrico clandestino se aplique el protocolo ante un caso de Coronavirus como si se tratara de un lugar legalmente habilitado. Los riesgos sin embargo son los mismos. El virus no le presta atención a la precariedad. Pero la posible respuesta en estos casos es incierta, lo cual magnifica las consecuencias.

Para dar una idea de la dimensión del problema, hay que tener en cuenta el caso del geriátrico en Córdoba. En el día de hoy, martes, se confirmó que allí hubo 42 contagios, de los cuales 32 son ancianos y el resto personal del geriátrico. Esto ocurrió en un lugar habilitado. Imaginemos lo que puede ocurrir en un lugar que de por sí es renuente a llamar a las autoridades. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que se sepa de un caso? ¿Se aplicará el protocolo correspondiente? ¿Se realizarán testeos? Es imposible saberlo.

El espectro de establecimientos que se encuentran en esta situación es amplio, va desde lugares que cumplen con los requisitos para dar seguridad y bienestar a sus residentes a pesar de no poder habilitarse, hasta lugares mucho más precarios en que las condiciones son deplorables. Las arbitrariedades legales para realizar las habilitaciones y la decandencia económica cronificada generan las condiciones para que estos lugares continúen en la clandestinidad de manera indefinida, con todo lo que ello implica. La situación actual pone a quienes gestionan estos espacios en una situación difícil. En el caso de no actuar de la manera correspondiente ante un caso de Coronavirus recae sobre ellos la responsabilidad penal.

Dada la emergencia el Estado debería realizar un llamamiento a los responsables de estos lugares para tomar conocimiento de su situación y poder actuar, dejando sin efecto cualquier tipo de sanción por la habilitación del lugar. Es preciso sincerarse y reconocer que, si bien no hay números oficiales, ocurre con estos establecimientos lo mismo que ocurre con toda actividad clandestina o en negro, no existen pero todo el mundo sabe dónde están. En cada municipio las autoridades tienen las herramientas para saber en dónde se encuentran los geriátricos que funcionan sin habilitación.

La difícil situación que estamos atravesando nos obliga a vernos como sociedad, dejando de lado eufemismos y pruritos burocráticos. Somos una sociedad que no se quiere ver, que hace a escondidas una parte importante de sus actividades. La pandemia nos obliga a prender la luz. Puede ser una oportunidad para empezar a cambiar las cosas.


 

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