• 23-Feb-2020
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La denuncia colectiva por el aumento previsional no garantiza una definición inmediata de la Justicia

El carácter colectivo de la acción significa que se reclama que la decisión judicial tenga efecto directo para todos los jubilados afectados por el decreto. La Nación - Silvia Stang 23-02-2020.  

Apenas un poco más de 48 horas después de su publicación en el Boletín Oficial, el decreto 163, que dispone subas para las jubilaciones a discreción del Gobierno, ya fue cuestionado en la Justicia, donde se pidió que se ordene su no aplicación (con alcance generalizado) y que se declare su inconstitucionalidad. Antes aun del ingreso de esa demanda, ya habían entrado al fuero de la seguridad social algunos recursos de amparo individuales.

Según el suspendido mecanismo automático de actualizaciones de la ley 27.426, todas las jubilaciones debían recibir un aumento de 11,6 por ciento. Lo resuelto por el Poder Ejecutivo (aplicar un 2,3% más $1500) significa que, mientras que el haber mínimo aumentará 12,96%, todas las prestaciones superiores a $16.195 tendrán subas inferiores a 11,6%, que llegarán a ser de solo 3,75% para quienes perciben el haber máximo del sistema.

La presentación colectiva hecha el viernes bajo el patrocinio del defensor de la Tercera Edad porteño, Eugenio Semino, que lleva por demandantes a la jubilada Silvia Inés Lezaun y a la asociación civil Años, recayó en el juzgado 9, a cargo de la jueza subrogante Silvia Saino.

El carácter colectivo de la acción significa que se reclama que la decisión judicial tenga efecto directo para todos los jubilados afectados por el decreto. "Se tiene que dar una legitimación, que implica que se acepte que quien reclama lo hace en nombre propio y de terceros", explica el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, que recuerda el antecedente que, en esa cuestión, sentó el caso Halabi.

El fallo de la Corte referido a Ernesto Halabi está mencionado en la demanda de Lezaun. En aquella causa, los jueces entendieron que se vulneraba un derecho no solo para el demandante, sino para todos los ciudadanos, por estar en juego un derecho de incidencia colectiva referido a intereses individuales.

"Es un antecedente no vinculado con un derecho patrimonial", señala Sabsay, a la vez que destaca que el hecho de que la causa actual se refiera a jubilaciones, y por lo tanto a derechos alimentarios, es un punto favorable para los pasivos.

La edad de los afectados es otro elemento que podría ser tomado en cuenta. Sin embargo, hace más de una década, el entonces defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentó una acción de amparo colectivo sobre un tema jubilatorio y no obtuvo resultados. Se pidió entonces que lo ya ordenado por la Corte en el caso Badaro (una actualización del haber por el período 2002-2006, en el cual muchos jubilados prácticamente no habían tenido aumento) se hiciera efectivo para todos los pasivos que estaban en la misma situación.

El caso fue tratado en primera y segunda instancia, pero hasta el día de hoy no tuvo resolución de la Corte Suprema. Así, no logró evitarse que siguiera ocurriendo algo que ya había comenzado a darse: que cada persona que había visto afectados sus ingresos tuviera que hacer un juicio para obtener una reparación. Esto mismo es lo que pasaría ahora de no haber una resolución favorable al amparo colectivo; y con un hecho altamente probable (o seguro): no todos litigarán.

Cuando se hizo la presentación colectiva por el caso Badaro ya existía una declaración de inconstitucionalidad de las decisiones discrecionales de los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner. En cambio, sobre la situación actual aún no hay nada dicho. Otro punto de distancia con aquel momento es que ahora existe una emergencia previsional declarada por el Congreso, un punto que usará el Gobierno en su defensa.

El caso Badaro

Un argumento que expresa la demanda colectiva es el carácter contributivo del sistema previsional, que explica que haya quienes cobran más por haber aportado más. En amparos de carácter individual que ya llegaron a la Justicia se aludió también al principio de irretroactividad de las normas, según explica la abogada Andrea Falcone. En el caso de marzo, el período de referencia para calcular la recompensación es el tercer trimestre de 2019, es decir, un lapso que ya había pasado al aprobarse la suspensión de la fórmula.

La rapidez con que el tema llegó al ámbito judicial fue tema de debate entre abogados. Aun cuestionando la decisión del Gobierno, hay quienes creen que ese no es el camino adecuado por ahora. "La solución por lo que va a pasar en marzo ¿es un proceso judicial de no menos de cinco años de duración? Claramente, no -plantea la previsionalista Elsa Rodríguez Romero-. Los grandes fallos de la Corte no obedecieron a la falta de aumentos en unos pocos meses".

Según la abogada, donde debe hacerse la queja ahora es en el Poder Legislativo. "Esto no implica que no haya que demandar al Estado si a la baja en el valor de los haberes a causa de la movilidad insuficiente de marzo se suma, en seis meses, una fórmula inadecuada". El momento para las demandas, agrega, "no es lejano, pero no es hoy", porque eso podría llevar a que no se obtengan los resultados esperados.


https://www.lanacion.com.ar/politica/la-denuncia-colectiva-por-el-aumento-previsional-no-garantiza-una-definicion-inmediata-de-la-justicia-nid2336497

 

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